Activismo a distancia: mucho discurso sobre Annobón y poca base en España
El caso del desahucio de una activista de Ambo Legadu en Leganés retrata la contradicción de la diáspora radical ecuatoguineana: proclamar un Estado en redes mientras se choca con la legalidad del país de acogida.
Para una parte de la diáspora ecuatoguineana en España, la política se hace desde el móvil. TikTok, Facebook y YouTube se han convertido en parlamentos. Es el fenómeno del «activismo a distancia», donde proclamar un nuevo Estado cuesta menos que sostener una vida bajo la legalidad del país que te acoge.
Uno de los ejemplos que ilustra esa fractura es el de uno de los miembros más activos de Ambo Legadu, el movimiento que asegura haber proclamado la independencia de Annobón y constituido una supuesta República de Annobón.
El caso no es aislado. Abogados y trabajadores sociales que tratan con la comunidad ecuatoguineana en España describen un perfil que se repite:
- Ingresos sin estructura laboral. Sin contrato fijo ni actividad económica declarada en España, la subsistencia depende de ayudas sociales, de la solidaridad familiar o de la economía informal. El activismo político en redes se convierte entonces en el único capital simbólico y, a veces, en una vía para intentar monetizar contenido.
- La red social como territorio. Para movimientos como Ambo Legadu, que no tienen control territorial ni reconocimiento internacional sobre Annobón, el territorio real es digital. Un directo puede tener más efecto que un comunicado. Pero ese territorio digital no paga el alquiler, ni detiene un juzgado de primera instancia.
. Choque con la legalidad local. Se crea o se adhiere a un movimiento que dice ser perseguido por el régimen de Guinea Ecuatorial. Annobón es perfecto para eso: queda muy lejos, es difícil de verificar sobre el terreno y cualquier declaración contra Guinea Ecuatorial suena a oposición política. El activismo deja de ser ideológico y se convierte en un instrumento administrativo.
No se busca liberar Annobón. Se busca el papel de refugiado político en España.
Y ahí está el problema. El país de acogida también tiene leyes. Es difícil defender un proyecto de Estado de Derecho para una isla de 17 km² cuando no se pueden cumplir las obligaciones básicas en el país que te acoge.
El activismo a distancia genera una pregunta legítima: ¿a quién representa realmente quien dice representar a Annobón desde España, si su propia situación de integración en España es judicialmente precaria?
El caso del desahucio de Leganés define con claridad lo que es el independentismo annobonés de salón. Mucho discurso de soberanía hacia fuera y, hacia dentro, una vida social sin base ni fundamento, incumpliendo obligaciones legales y sociales.
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